Internacionales. Crisis financiera en Paraguay: Santiago Peña logró la renuncia del titular del Banco Central

La administración del presidente Santiago Peña atraviesa su momento más crítico tras desatarse un escándalo financiero de gran magnitud que derivó en la intervención y cese de operaciones de Ueno Bank, una entidad de peso en el sistema local que controlaba los recursos de millones de clientes, además de millonarios fondos estatales.

Ante el derrumbe institucional y la presión social, el mandatario exigió públicamente la renuncia de Carlos Carvallo, quien se desempeñaba como presidente del Banco Central del Paraguay (BCP). La salida del funcionario se concretó luego de meses de advertencias técnicas sobre la fragilidad del sector y de que el propio BCP dispusiera iniciar un procedimiento de resolución al constatar que el índice de solvencia del banco había colapsado muy por debajo del mínimo exigido por ley.

El trasfondo del escándalo y el impacto en los ahorristas

La caída de la entidad financiera provocó una inmediata parálisis operativa en el mercado comercial y electrónico, afectando a más de 2,9 millones de usuarios. Entre los damnificados se encuentran miles de ahorristas, pensionados y organismos estatales clave, destacándose la situación del Instituto de Previsión Social (IPS), que tenía depositados fondos por unos 355 millones de dólares en la institución intervenida.

El impacto de la medida dejó fuera de servicio de manera repentina las aplicaciones de pago, tarjetas de crédito y débitos automáticos vinculados al banco, generando temor entre los comerciantes y una virtual semiparalización de las operaciones digitales cotidianas. Ante este panorama, centenas de ahorristas autoconvocados realizaron vigilias de protesta en los alrededores del Congreso y del Panteón de los Héroes en reclamo de sus depósitos, obligando a un fuerte despliegue policial y la presencia de funcionarios del BCP en las sucursales para intentar calmar la tensión.

Respuesta del Ejecutivo y fricciones políticas

Para mitigar los efectos de la crisis, el Gobierno de Santiago Peña acordó con el Congreso la rápida aprobación de un proyecto de ley de emergencia financiera. La iniciativa establece mecanismos de cobertura a través del Fondo de Garantía, con topes de hasta 75 salarios mínimos por depositante, y busca destrabar la devolución de los fondos públicos, previsionales y de las cajas jubilatorias.

En paralelo, un juzgado civil y comercial ordenó el embargo preventivo de bienes de la cúpula directiva de Ueno Bank por cifras multimillonarias. Sin embargo, el costo político ya escaló a los recintos legislativos, donde sectores de la oposición iniciaron pedidos formales para evaluar la responsabilidad política del Poder Ejecutivo en los controles del sistema, abriendo un frente de tormenta impredecible para el futuro inmediato de la gestión de Peña.