Política. Stornelli imputó a petroleras que operan en Malvinas y solicitó investigar a sus accionistas

El fiscal federal Carlos Stornelli imputó este martes a directivos y accionistas de las empresas Navitas Petroleum, de Israel, y Rockhopper Exploration, de Gran Bretaña, por las actividades vinculadas con la búsqueda de hidrocarburos en aguas próximas a las Islas Malvinas.

En su dictamen, pidió investigar a las personas físicas y jurídicas que pudieran colaborar con el proyecto y determinar si las actividades denunciadas podrían constituir delitos contemplados en la Ley 26.659, conocida como "Ley Pino Solanas", además de posibles delitos ambientales, infracciones aduaneras y lavado de activos.

La investigación tramita ante el juez federal Julián Ercolini y se originó a partir de una denuncia presentada la semana pasada por el Gobierno nacional.

El fiscal solicitó profundizar la identificación de los accionistas y de las personas o empresas que pudieran brindar logística, asistencia o cualquier otro tipo de colaboración a las compañías involucradas en la búsqueda de petróleo.

Stornelli también requirió al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto toda la documentación que respalda la denuncia presentada por el canciller Pablo Quirno, para incorporarla al expediente judicial.

Según el dictamen, el objetivo de la investigación será establecer si existieron actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina, particularmente en zonas próximas a las Islas Malvinas, sin autorización de las autoridades argentinas.

El fiscal puso el foco en los antecedentes de Desire Petroleum Limited, anteriormente denominada Desire Petroleum Public Limited Company.

De acuerdo con lo consignado en la denuncia, esa empresa habría desarrollado actividades hidrocarburíferas sin contar con autorización argentina.

Stornelli citó en su presentación la Resolución 130/2012 de la Secretaría de Energía, mediante la cual se declararon ilegales las actividades desarrolladas por Desire Petroleum Public Limited Company en la Plataforma Continental Argentina.

Posteriormente, según el dictamen, la Resolución 457/2013 estableció una inhabilitación por 20 años para que la compañía desarrollara actividades en la Argentina.

La medida se habría fundamentado en que las operaciones eran realizadas sin autorización nacional y a partir de una licencia de exploración de hidrocarburos otorgada por autoridades británicas establecidas en las Islas Malvinas.