Política. La mesa política del Gobierno se renúne este martes para tratar el tema de las Islas Malvinas

La agenda sobre Malvinas ocupará este martes un lugar central en la mesa política del Gobierno. El encuentro comenzará a las 13 horas en Casa Rosada y contará con la participación del canciller Pablo Quirno y del ministro de Defensa, Carlos Presti, quienes fueron convocados para informar sobre los avances en sus respectivas áreas.

La reunión se producirá después de la cadena nacional en la que Javier Milei presentó la estrategia oficial sobre las Islas y luego de la reunión de Gabinete de este lunes, donde el Presidente volvió a poner el tema entre las prioridades del Gobierno.

Uno de los objetivos será definir los próximos pasos frente al inminente tratamiento en el Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa busca avanzar en una serie de medidas vinculadas con las empresas que desarrollan actividades sin autorización en las Islas y con la respuesta del Estado ante eventuales amenazas.

La iniciativa impulsada por Javier Milei contempla tres ejes principales. Por un lado, propone endurecer las sanciones previstas en la Ley 26.659 para las empresas y proveedores que operen sin autorización en Malvinas y habilitar, cuando corresponda, el juicio en ausencia.

Además, establece la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que tendría como objetivo coordinar el trabajo de áreas como Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.

El organismo también contaría con herramientas económicas y diplomáticas para responder frente a amenazas provenientes tanto de actores estatales como no estatales.

En ese marco, la participación de Quirno en la reunión estará vinculada con las medidas que la Cancillería lleva adelante contra compañías relacionadas con actividades hidrocarburíferas consideradas ilegales en el archipiélago.

El Gobierno ya inició procedimientos contra 45 personas y empresas que estarían en infracción a la normativa vigente.

Además, el canciller había señalado que unas 180 empresas fueron advertidas de que deberán optar entre continuar con sus actividades en las Islas o afrontar sanciones en la Argentina.