Política. El Gobierno pone en marcha dos medidas por Malvinas tras el anuncio de Milei

El Gobierno de Javier Milei oficializó este viernes las primeras medidas anunciadas durante la cadena nacional dedicada a la cuestión Malvinas, con una modificación del Presupuesto 2026 destinada, entre otros objetivos, a fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas y un nuevo procedimiento para detectar y sancionar actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en la plataforma continental.

Además, las empresas que pretendan ingresar al RIGI deberán acreditar que no están involucradas, directa o indirectamente, en esas operaciones.

Las decisiones quedaron plasmadas en el DNU 867/2026 y el Decreto 868/2026, publicados en el Boletín Oficial horas después del mensaje presidencial.

Las medidas representan la primera traducción normativa de una serie de anuncios que Milei presentó como parte de una estrategia más amplia para reforzar el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y proteger los recursos naturales del Atlántico Sur.

A través del DNU 867/2026, el Poder Ejecutivo dispuso una modificación del Presupuesto General de la Administración Nacional correspondiente a 2026.

En los fundamentos, el Gobierno sostuvo que era necesario adecuar las partidas para atender necesidades salariales, de inteligencia y otros gastos de distintas áreas del Estado, además de incrementar los recursos destinados a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

Uno de los puntos centrales está vinculado directamente con el Ministerio de Defensa. El decreto establece que la modificación presupuestaria busca "fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas" mediante la incorporación, modernización y recuperación de medios y equipamiento.

La norma no establece en su articulado un porcentaje único de incremento para Defensa: dispone modificar el Presupuesto conforme a las planillas anexas que integran el DNU.

La segunda medida tiene un impacto directo sobre las empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas. Mediante el Decreto 868/2026, el Ejecutivo designó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.

La legislación prohíbe a personas y empresas desarrollar actividades hidrocarburíferas sin autorización de las autoridades argentinas y también alcanza a quienes participen directa o indirectamente, presten servicios o realicen operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas, de consultoría o asesoramiento vinculadas con esos proyectos.

El decreto recuerda, además, que la Ley 26.659 contempla inhabilitaciones de entre cinco y veinte años para quienes incumplan esas prohibiciones y, en determinados supuestos, la reversión de concesiones hidrocarburíferas. Según el propio texto oficial, desde la sanción de la ley fueron declaradas "clandestinas" las actividades de diez empresas por operar sin autorización argentina.

El objetivo declarado por el Ejecutivo es concentrar en Cancillería las competencias para lograr una mayor coordinación entre la política sancionatoria y la estrategia diplomática argentina por Malvinas.

El decreto también establece un mecanismo con plazos concretos para acelerar las investigaciones administrativas. Todos los organismos de la Administración Pública Nacional tendrán cinco días hábiles desde que tomen conocimiento de un posible incumplimiento para informarlo a Cancillería.

Si existen indicios suficientes, el Ministerio podrá abrir un sumario y notificar al presunto infractor. Desde ese momento, la persona o empresa investigada dispondrá de 10 días hábiles administrativos para presentar su descargo y ofrecer pruebas.

Luego, Cancillería tendrá otros 10 días hábiles -computados según la etapa en que concluya el trámite previsto por el decreto- para emitir una resolución fundada que determine el archivo de las actuaciones o la aplicación de las sanciones correspondientes.

En caso de aplicarse una sanción, la resolución deberá publicarse en el Boletín Oficial y comunicarse, entre otros organismos, a la Secretaría de Energía, la Procuración del Tesoro y el Ministerio Público Fiscal para que evalúen las acciones que correspondan dentro de sus respectivas competencias.